Jornada de Buenas Prácticas Agropecuarias en la Rural

Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) tuvieron su lugar en la 133ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, en una actividad que fue abierta por el presidente la SRA, Daniel Pelegrina, valorando la presencia en la Exposición de la Red de Buenas Prácticas para explicar lo que se pretende con la reciente edición de la Guía de Buenas Prácticas Ganaderas –BPG-. “La Rural está absolutamente comprometida con este Red y con esta línea de trabajo”, dijo.

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Sostuvo que desde la SRA tiene una postura proactiva, poniendo el tema en agenda todas las veces que sea posible. “Porque creemos que la solución viene del buen uso de nuestros insumos, y por lo que hacemos en el campo. Tener esto en claro es fundamental y hacerlo en red es ir por el buen camino. Tenemos muchos por hacer con desafíos enormes”, señaló.

El presidente de la SRA también resaltó la sinergia e interacción entre lo público y lo privado, que se pone de manifiesto en el trabajo logrado con el manual de las BPG.

La Comisión de Ganadería es de reciente incorporación en la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Su coordinador es Carlos Pacífico que compartió exposición con Magdalena Fernández, integrante de dicha Comisión.

Después de unos veinte meses de trabajo presentaron la ‘Guía de Buenas Prácticas Ganaderas’ del ganado vacuno de carne. “Es un trabajo superador porque establecemos los aspectos positivos”, dijo Pacífico para destacar que tomaron un concepto de la FAO: “Hacer las cosas bien y dar garantías de que se están haciendo bien”.

El marco conceptual de La Guía surge de que “la sociedad y los mercados está interesados en conocer cómo producimos” por eso se destacan “los pilares de las BPA en general: sustentabilidad ambiental, económica y social; la inocuidad de los alimentos desde el origen; y el bienestar animal, puntualmente en la ganadería”, describió.

Las BPG son “todas las acciones involucradas en la producción ganadera, su comercialización y transporte en pos de obtener productos inocuos, que promuevan la sustentabilidad del sistema”.

Pacífico destacó que hay casi un centenar de instituciones que avalan el documento. “Creamos una guía orientativa de cuáles son las acciones que respetan las Buenas Prácticas Ganaderas para dar esas garantías”, concluyó.

“Esta Guía es un primer paso que establece los criterios destinados a todos los productores de vacunos de carne, independientemente de su escala de producción”, dijo Magdalena Fernández. “El impacto de la implementación de Buenas Prácticas no sólo es en la situación de producción sino que es en todo su entorno, incluso en la cadena de valor”.

La Guía tiene cuatro secciones: Las Personas y la Empresa; La Infraestructura de Producción; El Ambiente y la Producción; y el Animal y su Manejo.

“La implementación de Buenas Prácticas desafía a las empresas en la búsqueda de la excelencia”, instó Fernández, añadiendo que “no son estables, ni la Guía, porque estamos trabajando en la mejora continua y  se actualiza con el conocimiento que avanza”.

Pacífico enumeró los pasos a seguir a partir de esta presentación de la Guía de las BPG. En tal sentido destacó que la Guía “tiende a iluminar a los distintos actores que está desarrollando la actividad”, cada productor puede encontrar los criterios que necesita según su realidad.

“Desde la Comisión vamos a acompañar a quien quiera implementarla, estaremos atentos a las validación en el terreno, promoviéndola retroalimentación de la Guía enriqueciéndola con las realidades regionales”.

Las experiencias y los dichos de Pacífico y Fernández fueron rubricadas por Fernando Stomi, gerente de la Cámara Argentina de Feedlot, y Nicolás Caggiano, representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Caggiano además pertenece a la Federación Veterinaria Argentina y a la Coordinadora Federal de Colegios Veterinarios llevan adelante un proyecto titulado ‘Ganadería Siglo XXI’ que abrevará en la Guía de las BPG.

Soluciones a un conflicto
Con Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, como moderador se desarrolló el bloque “Aplicaciones de agroquímicos: soluciones a un conflicto”.

“La sociedad ha vivido un cambio de paradigma que se nota, que ha hecho una sociedad mucho más sensible con los temas ambientales, tenemos una sociedad más exigente en lo que nos reclama a productores, la industria y todos los actores de la economía en general. Creo que nos hace bien como sociedad poner la vara alta en materia ambiental y de salud, sin embargo, nos enfrenta al desafío de la convivencia en armonía y eso es algo que tenemos que ir profundizando y no podemos rechazar. El único camino es trabajar en conjunto y no confrontar”, marcó Landgraf a modo de introducción.

Los primeros testimonios fueron de la docente rural Susana Shrol y el productor agropecuario Fabio Scheneider, quienes describieron la situación de la aplicación de agroquímicos en territorio entrerriano.

Luego expusieron sus propuestas y trabajos la diputada nacional y productora agropecuaria Alicia Fregonese y Horacio “Peco” Repetto, asesor agropecuario.

“Nosotros cuando vamos a legislar, la idea de toda legislación es que proteja a todos los ciudadanos, entonces lo que tenemos que generar son consensos y tomar las mejores decisiones para que todos los ciudadanos se sientan representados”, apuntó desde su rol de legisladora y puntualizó que lo que “sacamos en la Legislatura es la ley de envases y estamos viendo la ley de semillas, que es una tecnología que nos va a evitar ciertas pulverizaciones”.

Por otra parte, se presentó y está en análisis un proyecto de cajas negras para pulverizadoras y destacó el valor del documento firmado el año pasado por las secretarías nacionales de Agroindustria, Salud, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología, “porque es todo el Estado pensando cómo puede ayudar a la producción y al ciudadano que tiene miedo”.

Repetto, por su parte, describió la situación vivida en la localidad de Azul, donde se sancionó una ordenanza limitando las prácticas de uso de agroquímicos.

“Tenemos que animarnos más a trabajar todas las instituciones en forma conjunta”, comentó el dirigente y puntualizó la importancia del trabajo por redes con más de 40 asociaciones de ingenieros agrónomos trabajando en territorio bonaerense, contra ocho que funcionaban hace dos años. Por último, marcó la necesidad de mantener el diálogo vivo y no tener miedo a debatir el tema.

El tema de las restricciones en Entre Ríos llegó a la Exposición
Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) tuvieron su lugar en la 133ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, donde se dispuso un penal para el abordaje de la ‘Guía para Ganadería’ y ‘Soluciones para las aplicaciones’.

Allí convergieron varios actores entre los cuales hubo productores de la provincia de Entre Ríos y docentes de las misma procedencia, ocupados en exponer la situación que se ha generado ante las restricciones para la aplicación de fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales impuestas por la justicia entrerriana.

Fabio Scheneider, productor de Colonia Merou, Departamento Crespo; Mariela Gallinger, presidente de la Delegación Crespo de Federación Agraria Argentina; y Susana Shro, Directora de una escuela rural en el Departamento Paraná, compartieron sus testimonios.

“Lo que nos pasa es inédito en el país y en el mundo. Están infundiendo miedo en toda la sociedad y poniéndola en contra de todos los productores a partir de un caso de intoxicación en una escuela rural (“que nunca se llegó a comprobar fehacientemente”, aclara) y la justicia falló por el humor social”, explicó. Se trata de la demanda de la organización ambientalista ‘Basta es basta’ que obtuvo un fallo que prohíbe las aplicaciones de fitosanitarios cerca de las escuelas, las terrestres a 1.000 metros y las aéreas a 3.000.

En Entre Rios hay 1024 escuelas bien distribuidas, lo que hace unas 300 mil hectáreas en las que se puede hacer nada.

“En todas las actividades están los que hacen las cosas bien y los que no”, dice Scheneider, quien aclara que su producción es tambo. “No puedo hacer aplicaciones de productos homologados por SENASA, cumpliendo las buenas prácticas, para controlar enfermedades de la hoja. No puedo hacer reserva de pasturas para cuando termine el invierno. Estamos atados de pies y manos”, objetó.

“No tiene sentido este fallo. No se puede aplicar cerca de las escuelas porque están los niños, pero esos niños después se van al campo y allí sí se puede aplicar. No es por la salud de los chicos. Hoy estamos abandonados, discriminados, a la buena de Dios, porque lamentablemente el gobierno es débil en la provincia y está especulando hace meses con qué medida va a tomar. Ya se perdió toda la cosecha de trigo y tendríamos que volver a labores en la tierra que destruirán décadas de conservacionismo”, describió Scheneider.

Exhibiendo otra cara de la moneda citó los casos de las provincias de Santa Fe y Córdoba, que tienen sus leyes de aplicación de fitosanitarios. “Se puede hacer, pero acá estamos totalmente indefensos”, insistió el productor entrerriano.

“El mejor ambientalista es el mismo productor”, apuntó Mariela Gallinger, que vive en el campo con su familia. “No voy a estar aplicando productos que envenenen a mis hijos y nietos. La acusación que se nos hace es irracional”, sentenció.

“Desde la mirada de mujer, que defendemos la vida y trabajamos por los niños, por los adultos mayores, nos duele que no nos permitan trabajar. Lamentablemente se nota la ausencia del Estado y de un gobernador que está jugando con fuego. El productor debe afrontar muchos compromisos, pero si no podemos producir el trigo, ni mantener una pastura, ni preparar el barbecho para la campaña gruesa, entonces el gobierno tiene que saber que esas trescientas mil hectáreas no van a producir nada. El daño económico lo va a sentir”.

Scheneider, en una misma línea citó informes de especialistas del INTA, del CONICET, de técnicos becados de Alemania, que confirman que “en las aguas del río Paraná no hay restos de nada tóxico, y los niveles de oxígeno están por encima de los estándares mundiales como agua de calidad. Está lleno de vida”, completó.

Por su lado la docente Susana Shro aclaró que hace veinte años se desempeña en escuelas rurales. “Estamos involucrados en una cuestión que no era nuestra, pero afecta a los productores, que son nuestros vecinos y los padres de los estudiantes que concurren a las escuelas”.

“Puedo testimoniar que los productores son altamente responsables, siempre lo han sido. Se lo he manifestado a las autoridades cuando salieron a recorrer las escuelas rurales por este conflicto”, dijo Shro.

Paralelamente le envió una nota al Fiscal de Estado citando lo que su vivencia y a partir de ahí otras directoras comenzaron a hacer lo mismo “aclarando que no son todas las escuelas las que puedan tener problemas sino que serán casos muy puntuales. Doy fe que los productores no van a hacer daño a sus propios hijos”, manifestó.

“Es un disparate. La restricción es excesiva y lo vemos con preocupación, porque las escuelas rurales se crearon para evitar el desarraigo -fue un gran logro para la comunidad- y que los chicos no se tengan que ir a otras ciudades”, dijo. En su caso particular, la escuela tiene nivel inicial, primario, secundario y un anexo de secundario para adultos.

“Veo con preocupación que se pueda generar un daño en el vínculo entre las escuelas y la comunidad. Ni el foro ecologista, ni el gremio docente, que son los que pidieron el amparo a la justicia, nunca fueron a visitarnos o a consultarnos”, añadió.

“Nos está faltando comunicación. Y de parte de los organismos estatales la población está mal informada, temerosa y desconfía de los productores. Hay una responsabilidad del Estado en haber llegado a este punto”, reflexionó, coincidiendo con los productores en la demanda al estado provincial por una política de BPA.

Experiencia legislativa
La directora de Desarrollo Productivo del Municipio de Casilda, Lorena Casati, comentó el caso de esta localidad santafesina puntualizando que el tema de los fitosanitarios se comenzó a trabajar hace 22 años y recién hace ocho se pudo tener la redacción de una ordenanza madre. Luego se aprobaron otras siete normativas y hay varios proyectos en estudio que saldrían antes del 10 de diciembre.

El punto base de la normativa madre es que “tenemos una zona cero de aplicación, que es una calle ancha, y a partir de ahí mil metros de control. No tenemos prohibición, son mil metros de control siguiendo los lineamientos de la ley provincial”.

Por su parte, el secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Medina, destacó el rol de los cursos de formación que se están otorgando a operarios y aeroaplicadores y el trabajo coordinado que se viene desarrollando con las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

“Necesitamos avanzar en un abordaje integral más allá de las jurisdicciones políticas de cada provincia”, describió y planteó que “nosotros nos enfocamos en el tema de profesionalizar. Ese es un punto que creemos es sumamente importante”, evaluó y marcó la necesidad de tener una legislación nacional. En este punto detalló que se realizaron 77 cursos de capacitación en 72 localidades, con más de 3200 operarios que aprobaron el examen y lograron el carnet habilitador. Además, se brindaron 25 talleres de buenas prácticas para el sector hortícola y tres jornadas de producción sustentable.

El fortalecimiento del trabajo combinando lo público con lo público y lo público con lo privado también es uno de los ejes de la Secretaría dirigida por Medina.

Experiencias de Córdoba y Buenos Aires
Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, especificó que “el Estado, tanto provincial, municipal como nacional, somos autoridades de aplicación. Somos los que ponemos las reglas de juego. Lo que debemos tener es una virtud que a veces falta, que es coherencia. Qué es lo que queremos proteger: en primer lugar, a las personas, a los consumidores; en segundo lugar, abrir mercados para colocar nuestra producción, pero no podemos pensar en estos dos primeros sin pensar en el motor de la economía que es el campo, y si no protegemos al sector agropecuario no vamos a poder pensar en alimentos, en los consumidores ni en los mercados”.

“Receta fitosanitaria, profesional, veedor, cortinas arboladas, son las bases para empezar a hablar de lo que está bien y lo que está mal en una aplicación periurbana”, graficó Blanda.

Paralelamente, reclamó “una ley nacional que me marque la cancha y ya lo hemos pedido desde la provincia, porque no es lo mismo decir que vamos por la ruta a 110 km/h que es la velocidad máxima, a que me digan que no vaya a una velocidad alta”, graficó.

Por su parte, Luis María Herrera, director Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, precisó que ya firmaron convenio para el control del uso de fitosanitarios con cerca de 60 municipios bonaerenses.

El funcionario comentó que es trascendental la función del Colegio de Ingenieros Agrónomos capacitando y asesorando y para la realización de auditorías en las zonas periurbanas y de amortiguamiento.

También se creará un registro de verificadores técnicos que recibirán asesoramiento a través del Colegio y el gobierno provincial.

Aeroaplicador y técnico
Alfonso Rodríguez, aeroaplicador y presidente de la Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), detalló que “es importantísimo que nosotros como parte, como eslabón en la cadena de buenas prácticas agropecuarias, hagamos bien nuestro trabajo, porque nosotros somos los que estamos en contacto con las maestras y nuestros vecinos”.

El aeroaplicador planteó que “esta sinergia entre empresas, entre cámaras, entre estados, se tiene que dar y desde la Cámara estamos trabajando para acercar a los socios a la certificación, para que entiendan que es una herramienta fundamental que van a tener para derribar varios mitos que tenemos como actividad” y remató: “Seguramente hemos fallado en la comunicación, porque lo que hacemos lo hacemos bien, somos profesionales y estamos regulados por las municipalidades, la provincia y el Ministerio”.

El último orador fue Federico Elorza, responsable técnico de Casafe, que disertó sobre “Tecnologías que contribuyen a resolver un conflicto”.

En este sentido ofreció tres herramientas para hacer una eficiente aplicación en zonas periurbanas: Tamaño de gota, calibración de las máquinas y las condiciones ambientales.

“Hay que saber cuándo trabajar con determinadas condiciones ambientales, cuándo modificar una calibración, hay que saber cuándo no se puede realizar una aplicación y cuándo suspenderla. Para esto también es importante contar con la presencia de un fiscalizador para determinar estas cuestiones y poder decidir qué hacer con esa aplicación”, señaló Elorza.

La visión del Estado sobre los fitosanitarios
Cerrando la jornada destinada a las Buenas Prácticas Agropecuarias se presentó ‘La Visión del Estado’ puesto en voces del Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; y sus pares de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

Etchevehere comenzó diciendo que desde el inicio de esta gestión de gobierno están ocupados en dar una respuesta desde el Estado nacional a la discusión por la aplicación de fitosanitarios. Lo primero fue dar desde la Nación una pauta sobre qué hacer con la zona de amortiguamiento. Todo se hizo en trabajo conjunto donde también estuvo el Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, más el Consejo Federal Agropecuario, el INTA y el SENASA.

El resultado fue el documento con recomendaciones de Buenas Prácticas y qué hacer con los fitosanitarios y cómo tratarlos.

“Aspiramos a que algún día esto se transforme en una ley que puede tener vigencia nacional” con la adhesión de las provincias. Hoy en nuestra Argentina se siembran 34 millones de hectáreas. “Eso significa ingresos para el país. Y este año gracias al perfil emprendedor de miles de productores que a pesar de la sequía del año pasado -perdieron 9mil millones de dólares- volvieron a invertir doce mil millones de dólares. Así le entregaron al país una cosecha récord”, dijo.

“Por la importancia que tiene el área de superficie de trabajo, por lo que significa el empleo. Solamente la cadena de la soja emplea más de 250 mil personas. Lo que mueve el maíz, el valor que se agrega para atrás de la siembra y para adelante. Sin dudas tenemos que ir a lo científico”, aseguró Etchevehere.

“El Estado está absolutamente presente en todo el proceso. Seguramente la ciencia va a seguir evolucionando. En la medida que sigamos avanzando en esto, más confianza mutua vamos a tener los diferentes sectores. Nuestra gestión de gobierno es informar, hacer la normativa y controlar que es normativa se cumpla. Para seguir produciendo y que los consumidores y el público en general tengan toda la tranquilidad de que se está llevando delante de una manera seria y responsable”, agregó.

“La humanidad es dependiente de los fitosanitarios para su alimentación como de los antibióticos para la salud”, enmarcó Barañao. No se pueden perder cosechas por patógenos o por malezas que usufructúan la tierra, “hemos ganado esa batalla contra los tipos de plagas que afectan nuestros cultivos”, señaló el funcionario trazando una elipsis evolutiva de la tierra y de la genética.

“Como toda tecnología no está libre de efectos potencialmente no deseables y eso exige una normativa como tiene cualquier medicamento”, comparó, y a modo de ejemplo compartió el dato que anualmente mueren mil personas por el mal uso de anti-inflamatorios. “La misma lógica se aplica a cualquier sustancia que se use en agricultura. Por eso hay que hacer monitoreo continuo, autorizar en qué condiciones se puede hacer, y formar no sólo al que aplica sino al que consume”.

Barañao manifestó que “hay que establecer una presencia del Estado que avale cada una de las recomendaciones que se hacen”. También marcó la diferencia entre “conciencia de riesgo y fundamentalismo. Hay que poner límites a ese tipo de especulaciones”.

Como lo había hecho Etchevehere, Barañao valoró el trabajo conjunto “que nos permite tener este tipo de soluciones muy próximas a lo óptimo en materia de buenas prácticas en agricultura”.

Terminó avizorando que “cada vez más los mercados mundiales van a exigir menor uso de fitosanitarios, en particular los derivados de la química. El desafío es lograr fitosanitarios tanto o más efectivos que los que tenemos actualmente”.

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó “el cambio cultural del Gobierno, donde el Presidente nos pide que trabajemos como equipo donde cada uno hace su aporte, porque tenemos que dar una solución a cómo la rentabilidad y la sustentabilidad de una actividad productiva estratégica permita cerrar la ecuación. Porque el mundo va a pedir que nada sea rentable si no es sustentable. Argentina tiene buenas prácticas que si las documentamos y las estandarizamos tenemos cómo ir al mundo con alimentos y con una metodología de trabajo”.

Más adelante sostuvo que “no hay leyes ni estándares que tengan valor si no hay inversión y trabajo en el ente de control. Hay culpables pero también hay responsables. De los culpables se tiene que ocupar la ley y de las responsabilidades las políticas públicas”.

Bergman ligó esa distinción con “trabajar a favor del productor responsable. Que no se ponga a todos en la misma bolsa, pero sería sano y conveniente que si hay productores inescrupulosos se los individualice, pero sin estereotipar una actividad. Ninguna actividad está exenta de que haya personas que no cumplen con la ley”, dijo.

Agradeció el trabajo de la Red de BPA advirtiendo que “si no hay estándares de buenas prácticas no se puede hablar de las regulaciones para incluirlas”.

“Entre que cada uno haga lo que quiera sin control a prohibirlo, hay el término medio de la buena práctica y la regulación por ley y por norma, que es algo contracultural a los argentinos”, señaló Bergman.

Funcionarios en La Rural
La presencia de ministros y secretarios de Estado en la Exposición responde a la agenda de trabajo organizada por la Secretaría de Agroindustria. “Para mostrar como las diferentes áreas de gobierno trabajan en forma combinada y coordinada”, expresó Etchevehere.

Recordó la visita de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y Secretario de Modernización; del Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser. “La próxima visita será de Guillermo Dietrich (Ministro de Transporte de la Nación) para exponer todo lo que tiene que ver con transporte, logística, infraestructura”.

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