El Gobierno derogó casi mil normas que regulaban la industria del vino
El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con el objetivo de eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector. La medida se oficializó a través de la resolución 37, publicada el 7 de noviembre en el Boletín Oficial.
De acuerdo al texto, el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción, como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte, para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. Su función principal será garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y que no estén adulterados.
En tanto, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, pasarán a ser optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa.
El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
La Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales y es el quinto productor mundial. “Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, indicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
