Desde CRA niegan actitudes especulativas y justifican el uso de silobolsas

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace agropecuaria, negó tener actitudes especulativas con el tipo de cambio, justificó la decisión de utilizar silobolsas como «método de reserva estratégica» y volvió a cuestionar lo que señaló como una «confiscatoria presión fiscal».

Así lo expresó en un comunicado, con el que salió al cruce de acusaciones sobre supuestas maniobras especulativas por parte del sector agrario.

«¿Cómo puede especular con el tipo de cambio alguien que entierra insumos en dólares, para cosechar a un valor de pizarra real muy por debajo del que invirtió y lo hace sin acceso a créditos, sin ayuda estatal y hasta sin mecanismos de amortiguación en caso de pérdidas económicas?», planteó la CRA en el texto.

La entidad que lidera Jorge Chemes remarcó que, «como resultado de la confiscatoria presión fiscal, los márgenes son negativos en muchas zonas, o levemente positivos en el mejor de los casos».

CRA justificó que los productores «recurren a los silobolsas como método de reserva estratégica», y detalló al respecto la «amplia serie de elementos» que se combinan para determinar su uso.

En ese sentido, mencionó «las dificultades de logística fruto del cuadro de pandemia» de coronavirus, y los «caminos rurales cerrados o intransitables, si el clima no acompaña».

Señaló luego otras variables que redundan en el uso de los silobolsas para almacenar la producción, como «los puertos sin cupos por problemas de profundidad o falta de buques«, así como «los precios internacionales planchados».

«Cuando se cuantifica la capacidad de juego potencial del productor, queda en evidencia que la misma es menor al 7% de lo que produce y que todavía le falta sacar lo que requiere para vivir», indicó la entidad, que declara agrupar a 109.000 productores.

En ese contexto, la CRA cuestionó informaciones según las cuales al sector agropecuario «le quedan 32 o 33 millones de toneladas de soja para comercializar, que aún no cosechó».

«Casi 11 millones se irán sólo en concepto de derechos de exportación y unos 20 millones se destinarán a pagar impuestos en los tres estamentos del Estado, sumado a gastos de comercialización y costos directos para afrontar la próxima campaña», afirmó la entidad.

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