El Gobierno cerró Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y despidió a 900 personas
El Gobierno decidió eliminar dos organismos estatales y despidió a 900 personas. Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que los espacios afectados son el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Adorni explicó que esta decisión se tomó tras una revisión de datos alarmantes sobre ambos organismos, que empleaban a 964 trabajadores. Ahora, se consolidarán en una dirección que contará con 64 empleados, lo que representará «un ahorro de 9000 millones de pesos».
El vocero criticó el excesivo gasto público, señalando que los organismos tenían 160 delegaciones, dos sedes en Catamarca y Santiago del Estero, y que uno de cada tres empleados era delegado. Además, mencionó que tenían 204 vehículos y que el 85% del presupuesto se destinaba al pago de sueldos, pareciendo más una agencia de empleo político que organismos eficientes.
Se destacó también que se transferían fondos discrecionales y que organizaciones sociales y municipios actuaban de manera ineficiente. A pesar de ello, no se recibían reclamos de productores o trabajadores del campo.
Esta decisión forma parte de la política de recortes que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, en línea con el cierre de la agencia de noticias Télam, del INADI y otras medidas de reducción de gastos.
Cabe mencionar que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado durante la administración de Alberto Fernández y era conducido por Miguel Gómez, líder del Movimiento Evita ligado a Emilio Pérsico.
El anuncio del cierre de estos organismos llega poco después de que el Ministerio de Capital Humano denunciara al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico, por el envío de fondos a cooperativas en las que tenía interés mientras ocupaba cargos públicos. Según la denuncia, Pérsico habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que motivó una denuncia penal por Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público.
