Impactos y retos del Covid-19 en los actores de la cadena agroalimentaria

Rafael Aramendis, Director General de SURICATA SAS. Bogotá, Colombia (*)

Cuando esta nota se escribe el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos reporta un total de 4.782.539 casos confirmados del COVID-19; 317.566 fallecimientos y 1.776.388 personas recuperadas, a causa de la enfermedad del COVID-19, declarada en marzo del 2020 pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los efectos devastadores de esta enfermedad se refleja en todos los ámbitos: una economía mundial cuasi paralizada con fuertes perspectivas de recesión global 1,2 millones de empleos perdidos alrededor del mundo; los sistemas de salud pública y sanitarios bajo extrema presión y algunos países ya colapsados en su capacidad de respuesta y de atención primaria a los pacientes que han contraído el virus.

Desde el punto de vista social, millones de personas alrededor del mundo padecen los efectos sociales y psicológicos de confinamientos, aislamientos y cuarentenas parciales o totales que limitan su movilidad, restringen el uso de los espacios públicos e imposibilitan la asistencia de niños y jóvenes a las escuelas, colegios y universidades.

En este contexto de crisis es fundamental señalar que los gobiernos y todos los actores sociales públicos y privados deben como prioridad absoluta garantizar la seguridad alimentaria de su población y para que esto suceda es necesario entender que todos y cada uno de los actores de la cadena agroalimentaria desempeñan un rol determinado en la crisis (proveedor de insumos agrícolas, agricultor, procesador de alimentos, la industria gastronómica y el consumidor final)  enfrentan retos diferenciados y necesitan herramientas particulares para manejar la coyuntura. 

“Se necesitan herramientas de política que permitan que el comercio se mantenga abierto y sin restricciones”

El proveedor de los insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, abonos, plaguicidas, etc.) desempeña un rol clave garantizando una disponibilidad permanente de sus productos, resolviendo sus fallas de suministro y reponiendo a cambios en los inventarios, pero se enfrenta con una cadena logística de producción, transporte y almacenamiento seriamente limitada en su operación y necesita entonces herramientas de política que permitan que el comercio se mantenga abierto y sin restricciones.

“El agricultor, especialmente el pequeño, necesitará herramientas financieras como subsidios, transferencias monetarias directas, precios mínimos de garantía y liberaciones o alivios en créditos que le permitan que su cultivo se mantenga viable y productivo”

El agricultor es la pieza maestra de la cadena agroalimentaria, pues de él depende el suministro de los alimentos en cantidad y calidad suficiente para su mesa y la de cada familia que se encuentra hoy confinada alrededor del mundo.

Si el agricultor o su familia enferman a causa del COVID-19 y tienen restricción de movimientos, no podrán acceder a comprar los insumos para sus cultivos. Esto tendrá serias repercusiones agronómicas que retrasarán las ventanas de siembra, permitirán la aparición de plagas y enfermedades y harán más vulnerables las cosechas a los efectos climáticos y ambientales.

Lo anterior conducirá a que durante el segundo semestre del 2020 y en el 2021 los niveles de producción y rendimiento no sean los óptimos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para superar esta contingencia, el agricultor, especialmente el pequeño, necesitará herramientas financieras como subsidios, transferencias monetarias directas, precios mínimos de garantía y liberaciones o alivios en créditos que le permitan que su cultivo se mantenga viable y productivo.

«Los procesadores globales y locales necesitan fronteras abiertas y eficientes, comercio en pleno funcionamiento y políticas globales y nacionales absolutamente coordinadas y coherentes que eviten restringir importaciones y exportaciones”

La industria procesadora de alimentos de las cadenas avícola, porcícola y cárnica, que transforma y dispone los alimentos y que en muchas ocasiones exporta sus excedentes, se enfrenta a cierres totales o parciales en sus plantas de producción debidos a COVID-19.

Sólo en Estados Unidos, durante los últimos meses han cerrado sus operaciones plantas procesadoras de carne como SmithField  Foods, JBS y Tyson, entre otras. Tyson anunció que “millones de libras de carne desaparecerán de la cadena de suministros y que existirá un suministro limitado de productos en los supermercados”.

Si el cierre se mantiene por largo tiempo, el ganadero enfrentará pérdidas económicas por no poder entregar al procesador los animales para su sacrificio, y éste a su vez, se verá abocado a fallas permanentes en la cadena de suministro y deberá entonces revisar a profundidad la manera como gestiona sus inventarios para llegar al mercado (Inventarios Just In time versus Inventarios a mano) y esto posiblemente se traducirá en alzas de precios al consumidor final.

Para enfrentar estas dificultades y sobrepasar la crisis, los procesadores globales y locales necesitan fronteras abiertas y eficientes, comercio en pleno funcionamiento y políticas globales y nacionales absolutamente coordinadas y coherentes que eviten restringir importaciones y exportaciones.

“La industria gastronómica necesita apoyo financiero directo para pagar sus nóminas, créditos blandos y alivios en sus cargas fiscales y tributarias”

La industria gastronómica, pieza final para llegar a grupos particulares de consumidores, es quizá, hoy por hoy, uno de los actores de la cadena agroalimentaria más afectado por las medidas de aislamiento social y confinamiento impuestas por los gobiernos.

En el corto plazo se enfrenta un triple reto:  a) cambio de hábitos del consumidor de alimentos que privilegia –por fuerza mayor – el cocinar  y comer en casa frente a salir al restaurante, b) el auge de la comida para llevar  -“take away”- y de la industria de los domicilios –“delivery”, y c) la construcción de regulaciones y guías sanitarias que permitan que restaurantes, tiendas gourmet,  panaderías y cafeterías puedan operar normalmente sin constituirse en un foco de diseminación del virus.

Esta industria necesita apoyo financiero directo para pagar sus nóminas, créditos blandos y alivios en sus cargas fiscales y tributarias.

El consumidor, especialmente el más vulnerable y necesitado, requiere empleo digno para garantizar los recursos de alimentación a su familia, bonos alimenticios, acceso a bancos de alimentos, entre otros.

El consumidor, propósito final de toda la cadena agroalimentaria, es quizá el actor que más retos enfrenta y en el cual se presentarán los mayores cambios que redefinirán la manera como deberá producir y operar la industria de los alimentos en el futuro.

El consumidor, en esta crisis y muy seguramente con posterioridad a ella, buscará productos percibidos como más inocuos y nutritivos, de mayor vida de anaquel; preferirá las porciones familiares a las porciones individuales; buscará identificar con mayor atención el cumplimiento de normas sanitarias y la trazabilidad en los productos.

Por un largo período de tiempo estará combinando trabajo en casa, ocio y consumo de alimentos en un mismo lugar; y se abastecerá en las tiendas de barrio cercanas antes que en los grandes establecimientos, para poder cumplir con las restricciones actuales y futuras de movimiento.

Este actor, especialmente el más vulnerable y necesitado, requiere empleo digno para garantizar los recursos de alimentación a su familia, bonos alimenticios, acceso a bancos de alimentos, entre otros.

En resumen, el COVID-19 está mostrando los diferentes ángulos de la cadena agroalimentaria, una cadena altamente interconectada, pero vulnerable y frágil a la vez, con actores que tienen retos y necesidades diferenciadas, pero conectados por el propósito común de brindar alimentos seguros e inocuos a la humanidad.

 

* Artículo elaborado para el blog del IICA: Sembrando hoy la agricultura del futuro.

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